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Descripción

La ausencia de teoría y de modelos sobre la comunicación judicial me llevó a escribir algunos artículos, que son los que dieron origen a este libro. Estos textos, en su mayoría inéditos o revisados y ampliados para esta publicación, sostienen la necesidad de utilizar la comunicación judicial como herramienta de un cambio social necesario y apuntan a responder interrogantes estructurales: ¿Por qué los ciudadanos se alegran de que existan médicos y maestros, pero casi nadie se alegra de que existan jueces? ¿Cuáles son las causas de ese desencuentro? ¿Cómo se hacen creíbles y relevantes para los ciudadanos las decisiones y los mensajes del Poder Judicial? ¿Cómo se construyen consensos y se administran los disensos desde la judicatura y los ministerios públicos? ¿Cómo estructurar los mensajes e interactuar con el periodismo? ¿Cómo se gestiona una crisis mediática? ¿Cómo crean los medios una “verdad pública”, un “juicio paralelo”?, ¿cómo evitarlos y qué hacer cuando ya están instalados? ¿Cómo evaluar las consecuencias públicas de las decisiones jurisdiccionales? ¿Cuál es el mapa de los problemas que afectan la reputación de los poderes judiciales? La Comunicación Judicial, no como área sino como práctica de vinculación cotidiana entre los magistrados y sus conciudadanos, debe repensar sus objetivos para fortalecer la alianza con la sociedad. No se trata únicamente de contar lo que hace, de televisar audiencias, de usar las redes sociales ni de incrementar la transparencia del sistema. Debe mostrar qué aporte hace al bienestar de las comunidades en las que se encuentra inserto. Suena tan extraño que no parece que sea esta su función. Pero ¿qué otras funciones podría tener si no la de pacificar a la sociedad, acotar la incertidumbre, atender los conflictos que los ciudadanos no pueden terminar por sí mismos sin violencia? Lo que debe comunicar es por qué hace lo que hace, no desde el imperativo de la ley y la aplicación de los códigos, sino desde un objetivo, a la vez más trascendente y más próximo, que se deriva de ese contrato tácito que se establece cuando sus conciudadanos confían en que decida sobre sus vidas y sus bienes.

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