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DescripciĂłn

'La presente obra atraviesa prácticamente todo el derecho de Derecho de Sociedades comenzando por un profundo estudio de los conflictos de interés (intra y extra societarios) y de la tutela preventiva del interés social que este especial ámbito debe asegurarse. A su vez, enfatiza la importancia del deber de lealtad que le corresponde al socio y la necesidad de su recepción normativa expresa. Cobra aquí también, especial relevancia, el estudio de la responsabilidad de los administradores sociales, del margen de la discrecionalidad empresarial. Su justificación se reduce a que no es posible establecer a priori la correcta decisión que se debía tomar. La actividad empresarial viene siempre presidida por la incertidumbre. A esta inseguridad se une la necesidad que las decisiones empresariales a menudo se deban adoptar bajo una fuerte presión temporal, sin que los administradores puedan acceder a toda la información. Decidir en el ámbito de una actividad de empresa, comporta siempre riesgos. Cuando se tiene que decidir en relación con la introducción en nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos, la creación de nuevas estrategias de organización de los recursos o de comercialización, la de recabar nuevos recursos financieros de los socios o de entidades crediticias, muchas veces no puede tenerse la absoluta seguridad que la decisión será acertada o exitosa. A menudo, además, no hay una única decisión apta para resolver un problema, sino que se abre un abanico de posibilidades cuya repercusión patrimonial y riesgos, así como las probabilidades que éstos se produzcan, son impredecibles. La discrecionalidad empresarial, además, tiende a garantizar la independencia en la gestión de la empresa, evitando que los jueces controlen a posteriori, la oportunidad de la decisión adoptada. Sin embargo, debe advertirse también que la discrecionalidad empresarial no puede amparar o generar un aparente espacio de inmunidad para el administrador, sino que debe hallarse orientada a delimitar con mayor precisión las decisiones estratégicas y de negocio, cuidando celosamente no convertir al administrador en un sujeto prácticamente irresponsable. Su razón de ser se enmarca en la necesidad de limitar el alcance del control judicial en materia de responsabilidad por daños al dejar fuera de este, decisiones genuinamente empresariales.

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