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Características principales

Título del libro
Garantías constitucionales en el proceso penal
Autor
Alejandro D. Carrió
Idioma
Español
Editorial del libro
Hammurabi
Edición del libro
7
Color de la portada
Blanco - rojo
Tapa del libro
Blanda
Volumen del libro
1
Tamaño de la letra
Estándar
Con índice
Año de publicación
2024

Otros

Cantidad de páginas
794
Altura
23 cm
Ancho
16 cm
Peso
1,2 kg
Material de la tapa del libro
Cartulina
Género del libro
Derecho, política y ciencias sociales
Subgéneros del libro
Derecho, Procesal penal
Tipo de narración
Manual
Versión del libro
Fisico
Tamaño del libro
Mediano
Edad mínima recomendada
8 años
Cantidad de libros por set
1
ISBN
9789878057477

Descripción

INCLUYE MENCIONES A NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, SEGÚN LEY 27.063
Defensa en juicio y debido proceso. Juez imparcial. Inviolabilidad del domicilio, papeles privados y conversaciones telefónicas. Declaración contra uno mismo. Garantía contra el doble juzgamiento. Presunción de inocencia. Delitos de lesa humanidad. Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN


CAPÍTULO II
GENERALIDADES
§ 11. Garantías constitucionales y protección judicial. Limitaciones
§ 12. El requisito de la sentencia definitiva
§ 13. Excepciones al recaudo de sentencia definitiva
a) Casos de restricción al derecho de defensa
b) Cuestionamiento de la jurisdicción del tribunal y casos de recusación
c) Sobreseimiento provisional equiparable a sentencia definitiva
d) Autos de prisión preventiva y procesamiento equiparables a sentencia definitiva
e) Casos varios
1. Clausura del sumario sin admitir otros procesamientos
2. Obligación de seguir sometido a proceso: prescripciones y «probations»
3. La pretensión de constituirse en querellante

4. Nulidad de un requerimiento de instrucción decretada luego del requeri-
miento de elevación a juicio y sin intervención del Ministerio Público
f) Decisiones que conceden libertades durante el proceso
1. El caso «Operación Langostino»
2. El caso «Villegas»
3. El caso «Guevara» y la aparición de nuevos paradigmas jurídicos: los delitos de
lesa humanidad
§ 14. Las «cuestiones procesales». Cuestión procesal v. cuestión federal
§ 15. Algunos criterios generales enunciados por la Corte
a) Las etapas básicas del proceso penal ¿Es el procesamiento una de ellas?
b) Decisiones de tribunales administrativos. Necesidad de recurso judicial
c) Irrevisabilidad de decisiones adoptadas durante la instrucción
d) El querellante, el fiscal y el recurso extraordinario
e) El prófugo y el recurso extraordinario. Excepción en caso de eximición de prisión
f) Proceso penal y potestad jurisdiccional. Posibilidad de condenar en ausencia de
una acusación. Casos de exclusiva acusación de la querella
1. Potestad jurisdiccional en ausencia de expresión de agravios de la defensa
2. Fiscal que no acusa al término del juicio oral
3. Algunas reflexiones sobre esta última cuestión
4. Acusación exclusiva del querellante: el caso «Santillán»
5. Limitaciones al principio precedente: querella que no requiere elevación a
juicio. Casos donde sí lo hace y consecuencias

6. Acusadores actuando en solitario durante la instrucción: Fiscalía de Investi-
gaciones Administrativas, querellantes particulares y otros organismos

II. Fiscalía de Investigaciones Administrativas
II. Querellantes particulares y organismos especialmente legitimados para
querellar

g) ¿Quién decide si habrá un juicio penal? Inconstitucionalidad del art. 348 del Có-
digo Procesal Penal de la Nación

§ 16. Límites al derecho a recurrir
a) El caso «Giroldi» y los límites derivados de escalas penales. Invocación de la doble
instancia en materia de faltas
b) Derecho a apelar y recursos de alcance limitado. El recurso de casación debe ser
uno amplio: el caso «Casal»
c) Algunas reflexiones sobre «Casal». Reafirmación en casos posteriores

d) Recursos de casación ante procesamientos dictados directamente por una cáma-
ra de apelaciones. El caso «Diez» y una decisión posterior que vuelve a dejar in-
terrogantes

e) Problemas de condenas impuestas por vez primera por una cámara de casación.
El derecho del acusador a apelar y las enseñanzas de los casos «Juri» y «Duarte»

f) «Exceso de jurisdicción» cuando las reglas procesales locales ordenan la realiza-
ción de un nuevo juicio: el caso «Sandoval» y algunas conclusiones

§ 17. El acceso a la Corte y los tribunales intermedios
a) El principio general (aparentemente)

b) La aplicación de este principio a causas penales: El caso «Di Mascio» y sus conse-
cuentes. La aparición de la Cámara de Casación Penal como tribunal intermedio

y una primera aproximación en los casos sobre excarcelación
c) La reacción de algunos tribunales ante el esquema precedente: el problema en
los casos de denegatoria de excarcelación y eximición de prisión
d) La aparición durante un tiempo de una (inexplicada) solución: el caso «Rizzo» y
sus posibles lecturas
e) El final de la historia: el paso por los superiores tribunales es obligatorio siempre
f) Colofón
§ 18. Jurisdicción de la Corte y fallos de tribunales internacionales
CAPÍTULO III
LA GENÉRICA GARANTÍA DE LA DEFENSA EN JUICIO
§ 39. Formulación constitucional
§ 10. Sanciones impuestas sin dar audiencia previa u oportunidad para producir pruebas
§ 11. Entorpecimiento del derecho de defensa
a) Llamado a indagatoria de quien manifiestamente desconoce los hechos
b) Designación de un «interventor judicial»
c) Derecho del defensor a examinar la causa antes de aceptar el cargo
d) El juicio abreviado. Ataques a su constitucionalidad
e) Constitucionalidad del procedimiento para los casos de «flagrancia»

f) Testimonios incorporados por lectura durante un juicio y el derecho a confron-
tar los testigos de cargo

1. Un primer fallo trascendente de la Cámara de Casación

2. Afirmación del derecho a la confrontación por la Corte y algunos interrogan-
tes

3. Posibilidad de condenar si hay prueba independiente
4. Un reexamen a la luz de normativas dictadas para la protección de víctimas de
ciertos delitos
III. Marco normativo
III. El caso «Leiva»
III. El caso «González»
IV. Análisis de los fundamentos de los fallos precedentes
IV. Algunos principios emanados del Derecho constitucional estadounidense
VI. Conclusión
§ 12. Violación al principio de congruencia
§ 13. Privación de justicia
§ 14. Identificación en rueda de presos
§ 15. Empleo de agentes encubiertos y testigos de identidad reservada
a) El caso «Fiscal c. Fernández»
b) Criterios que surgen del caso precedente
c) El agente encubierto en la Ley de Estupefacientes
1. La norma básica: la exigencia de una investigación en curso y de algún nivel
de sospechas previas

2. La designación del agente como «último recurso» y el control judicial de su ac-
cionar

d) Las exigencias precedentes y un muestrario de irregularidades: el caso «Coppola»
e) Manteniendo oculta la identidad del agente encubierto y de otros testigos: pro-
blemas constitucionales que plantea

1. Régimen legal en la Ley de Estupefacientes
2. Normas del Código Procesal Penal de la Nación
3. Principales casos
III. Los criterios de la Cámara de Casación Penal

I.1. El caso «Navarro, Miguel A.»: develando la identidad del «agente en-
cubierto» y la Ley de Estupefacientes

I.2. Testimonios de identidad reservada en casos ajenos a la Ley de Estu-
pefacientes: la distinción entre las etapas de investigación y juzga-
miento

III. Los criterios (opuestos) en la Cámara Federal de San Martín
III. La Cámara Federal de la Capital
IV. Otros tribunales
4. Reevaluación de la cuestión
5. Objeciones constitucionales y algunas conclusiones
§ 16. El derecho a un juez imparcial

a) Juez correccional que actúa durante las etapas de instrucción y de juicio. Su re-
ciente declaración de inconstitucionalidad

b) Juez que integró un tribunal de alzada y que luego actúa en el tribunal de juicio
c) Algunas consideraciones sobre el derecho en juego
§ 17. «Reformatio in pejus» en causas penales
a) El principio general
b) ¿Cuándo falta recurso acusatorio?
c) ¿Cuándo hay agravación de pena?
d) Casos y principios complementarios
1. Casos de nulidades que prosperan y agravamiento posterior de pena
2. Prohibición de «reformatio in pejus» sólo para el imputado
3. Aplicación a la Justicia Militar
4. Inaplicabilidad de esta doctrina

e) Reexamen de las facultades de los jueces de condenar en exceso de la pena soli-
citada por el fiscal: ¿se viola con ello el derecho de defensa?

§ 18. Los cambios de calificación
CAPÍTULO IV
DETENCIÓN DE PERSONAS
§ 19. Formulación constitucional
§ 20. El instituto del «habeas corpus». Su funcionamiento
a) «Habeas corpus» y arrestos policiales
b) «Habeas corpus», cosa juzgada y competencia funcional
1. El principio general
2. Hacia un criterio más flexible: casos de posible aplicación del remedio pese a
la cosa juzgada
3. Conclusiones
c) «Habeas corpus» y tribunales administrativos
d) «Habeas corpus», limitaciones de procedimiento y cuestiones de competencia
1. Interposición respecto de sumarios policiales
2. Interposición respecto de la actividad de otro juez
3. Interposición respecto de causas militares
e) «Habeas corpus» y tramitación previa
f) «Habeas corpus correctivo» y posibilidad de revisión de la actividad de otros jueces
§ 21. Detención por averiguación de antecedentes
a) Su formulación según el decr.-ley 333/58 en su versión original
b) La reforma por ley 23.950
c) La exigencia de exhibir documentación identificatoria. El caso «Vera»
1. Adelantamiento de la cuestión. El principio de legalidad

2. Los poderes «implícitos» emanados del decr.-regl. 6580/58 y otras normas ci-
tadas en apoyo de lo resuelto

3. Análisis de estos criterios

§ 22. Impugnación de decisiones relativas a la libertad de las personas por la vía del recur-
so extraordinario

§ 23. Exclusión de la prueba obtenida en una detención ilegal. ¿Cuándo una detención es
ilegal?
a) Los primeros casos
b) El caso «Daray»
c) Algunos casos posteriores resueltos con apoyo en «Daray»
§ 24. Detenciones ordenadas por un fiscal. ¿Cuándo son válidas?
§ 25. Detenciones ordenadas por la autoridad migratoria
CAPÍTULO V
OTRAS VARIANTES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD:
REQUISAS POLICIALES E INTERCEPTACIÓN
EN LA VÍA PÚBLICA
§ 26. Introducción
§ 27. Un posible (y sano) esquema constitucional
a) La preferencia por las órdenes judiciales
b) Estas medidas de coerción, para ser válidas, deben reconocer motivos previos
c) Como mínimo ese mismo recaudo debería serle exigible a la policía cuando actúa
en casos de emergencia
d) Conclusión
§ 28. Criterios jurisprudenciales
a) Criterios limitativos de la actuación policial

1. Cámara Federal de la Capital: cuándo no hay ni «causa probable» ni «flagran-
cia»

2. Cámara Federal de San Martín: «necesidad de datos concretos y objetivos»

3. Cámara de Apelaciones de la Capital: cuándo no hay ni «flagrancia» ni «indi-
cios vehementes de culpabilidad»

4. Justicia Federal de Paraná: que haya «motivos suficientes»

b) Criterios inicialmente permisivos de la Cámara de Casación Penal
1. El argumento de la «flagrancia»
2. En materia de requisas, la Policía tendría más facultades que los jueces
3. El estándar de la Casación para requisas e interceptaciones en la vía pública:
«sospechas», «señales», «presunciones», «urgencias», «indicios» o «datos»
(¿basados en qué?)
4. Análisis de estos criterios
c) Fallos posteriores de la Cámara de Casación y una reevaluación de la cuestión
§ 29. ¿Cuáles serían los estandares correctos?
a) El estándar propio de la requisa en el orden nacional: los motivos suficientes del
art. 230 del CPPN y las circunstancias «previas y concomitantes» del art. 230
«bis»
b) Atento a que una requisa presupone una restricción a la libertad, ¿es necesario
algo más?
c) Requisas no gobernadas por el art. 230 del CPPN. Su enfoque previo a la inclusión
del art. 230 «bis»
d) Otras «interceptaciones» en la vía pública como formas de «detención»: el caso
«Yon, Valentín» de la Sala I de la Casación
§ 30. El caso «Fernández Prieto» y las «actitudes sospechosas»
a) Los hechos
b) El planteo de la defensa y la doctrina del caso «Daray»
c) Lo resuelto por la Corte en «Fernández Prieto»
1. Este no fue un caso asimilable a «Daray». Requisa de automóvil vs. detención

2. El estándar de la Corte para una interceptación: ¿basta con invocar una «acti-
tud sospechosa»?

§ 31. La confirmación de «Fernández Prieto» en casos posteriores
§ 32. Las secuelas de «Fernández Prieto» y su progenie
a) Maniobras irregulares de un automóvil y estado de deterioro del vehículo
b) Denuncia anónima sobre un vehículo y descripción coincidente
c) Huir ante la presencia policial
d) Entrega de documento que la Policía supone puede ser apócrifo
§ 33. La Corte en su composición posterior a 2003 y la doctrina de «Fernández Prieto»
§ 34. Conclusiones y algunos criterios. Los supuestos del art. 230 «bis» del CPPN según su
interpretación jurisprudencial
a) Conclusiones y criterios generales
b) La inclusión del art. 230 «bis» en el CPPN

c) Fallos con invocación del art. 230 «bis» del CPPN. Criterios más recientes de la Cor-
te Suprema y de la Cámara Federal de Casación

1. El caso «Lemos». «Incisiones» que dañan un vehículo

2. El caso «Halford». Denuncia anónima, detención y requisa de la que no se ob-
tuvo prueba y posterior hallazgo de evidencias por orden judicial

3. El caso «Matzen». «Seguimientos» y «tareas de inteligencia» que concluyen

en la requisa de automóviles. ¿Es posible extraer un criterio general respetuo-
so de las garantías y que no coarte la labor policial?

III. Los hechos del caso

III. Las «tareas de inteligencia» y los «seguimientos» no son «per se» ilegíti-
mos y no hay obligación de dar aviso inmediato a la autoridad judicial

III. Circular por la vía pública y exponerse a ser observado no conlleva una ex-
pectativa de privacidad. «Matzen no buscó mantener en reserva sus actos»

IV. La existencia de «sospecha razonable»

IV. ¿Cuándo medir la existencia de «sospecha razonable» y en base a qué pa-
rámetros? Su relación con los requisitos el art. 230 «bis»

VI. Distinción de este caso «Metzen» con un antecedente de la propia Cáma-
ra Federal de Casación

CAPÍTULO VI
EXCLUSIÓN DE PRUEBA OBTENIDA ILEGALMENTE
§ 35. Fundamentos de la regla de exclusión
a) Los primeros casos. Criterios expuestos
b) Críticas a la regla de exclusión
c) Posibles contra-argumentos
d) Un reexamen a la luz de ciertas críticas
§ 36. Los alcances de la regla de exclusión. Su posible invocación por terceros
a) La doctrina del «fruto del árbol venenoso»
b) Evolución de la regla de exclusión en nuestro país. Primera etapa
1. La base de «Montenegro» y «Fiorentino»
2. La regla de exclusión en los tribunales inferiores en esta etapa inicial
c) Invocando los derechos de terceros (y también los propios): El caso «Rayford» y la
consolidación de la regla de exclusión
§ 37. Excepciones a la regla de exclusión indicadas en «Rayford» y su aplicación en casos
posteriores
a) La existencia de una «fuente independiente». El criterio de la Corte

b) Atenuación por hechos intervinientes: Los testimonios dotados de «voluntad au-
tónoma» y el efectivo «ejercicio de los derechos»

c) Otras posibles excepciones
§ 38. Desarrollos posteriores
a) Afirmación de los principios ya vistos
b) La carga de demostrar la trascendencia del agravio constitucional
§ 39. Los casos «Fiscal c. Fernández» y «Daray». Un «dictum» que terminó siendo sólo eso
a) El problema planteado en «Fiscal c. Fernández»
b) El «guante» recogido por la Cámara de Casación Penal
c) El criterio de «Daray»: la regla sigue vigente, con su agregado venenoso incluido.
El posterior caso «Paulino»
§ 40. Fundamento normativo de la exclusión de prueba y oportunidad para su discusión
§ 41. Violaciones constitucionales por particulares ¿Aplicación de la regla de exclusión?
a) Algunos «obiter dictum» relevantes
b) ¿Qué solución es más consistente con los propósitos de la regla de exclusión?

c) Apropiación de papeles privados llevada a cabo por un particular

d) Teléfono olvidado en un lugar de comidas. Reflexiones en torno a los avances tec-
nológicos

§ 42. ¿Exclusión de prueba por violación al principio de dignidad? menciones a la «propor-
cionalidad»

a) Introducción
b) El caso «Vergara»
c) Análisis del criterio precedente
d) Menciones al principio de «proporcionalidad»

CAPÍTULO VII
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y PAPELES PRIVADOS.
OTRAS ÁREAS DE INTIMIDAD
§ 43. Formulación constitucional
§ 44. Desarrollo de esta garantía
a) Primeros enfoques: casos promisorios
b) Desarrollo posterior: ausencia de cuestión constitucional
c) La «reacción» de tribunales inferiores

d) La Corte vuelve sobre sus pasos: el caso «Fiorentino» y sus implicancias constitu-
cionales

e) Allanamientos dispuestos por los fiscales: análisis de la legislación antisecuestros
§ 45. Consolidación (¿parcial?) de la garantía
§ 46. El requisito de la orden judicial de allanamiento. Los recaudos de «precisión» de su
contenido y exigencia de fundamentación

a) ¿Qué juez puede expedir la orden de allanamiento? Problemas de falta de fun-
damentación: precedentes de la Corte preocupantes

1. El caso «Torres»
2. Los criterios del caso «Yemal»
3. Enseñanzas de estos dos casos

4. El caso «Minaglia» y la aparición de criterios confusos: bastaría con que el fun-
damento aparezca en el expediente, aunque no esté en la orden judicial

III. Los hechos
III. Una notoria dispersión de votos en el seno de la Corte
III. El voto de los jueces Lorenzetti y Argibay. Confusiones graves y el criterio
de que la fundamentación puede surgir del expediente mismo

IV. El voto restante de los jueces Highton y Fayt: cuestiones de hecho y prue-
ba, resueltas sin arbitrariedad

IV. ¿Enseñanzas de «Minaglia»?
5. Criterios asimilables en la Cámara de Casación
b) Falta de fundamentación y oposición del morador
c) Ejecutando la orden de allanamiento
1. Extensiones a su objeto
2. La doctrina de «a simple vista» («plain view doctrine») y casos análogos
3. Posibles criterios de solución
4. Allanamientos nocturnos
5. Allanamiento en domicilio distinto del indicado en la orden
6. Violación al principio de dignidad. Remisión
§ 47. Ejecutando una orden de captura, pero sin orden de allanamiento. El caso «Gordon»
y las razones de urgencia para dispensar la orden
a) La excepción de la persecución
b) Este no fue un caso de exclusión de prueba ilegal

c) Relación con la inviolabilidad del domicilio. Razones de «urgencia» para dispen-
sar la orden de allanamiento

§ 48. Allanamientos en inmuebles rurales y lugares abiertos
a) Introducción
b) El caso «Martínez Da Silva»
c) Enseñanzas de este fallo
§ 49. El «consentimiento» a un ingreso domiciliario. Valor y requisitos
a) El principio general
b) Consecuencias de este criterio
c) Recapitulación

d) Recaudos del consentimiento. Quién puede prestarlo. Ingreso de terceros al cuar-
to de un hotel

1. Consentimiento prestado por detenidos. Ausencia de una regla abstracta
2. Quién puede prestar el consentimiento. Casos de ingreso de terceros a un hotel
3. Caracteres del consentimiento. Casos de autorización «tácita» y de contexto
intimidatorio
4. Explicándole al destinatario los motivos del ingreso (o una luz en el camino)
e) El «consentimiento» en función de la expectativa de privacidad
§ 50. Otras áreas de intimidad. Planteamiento del problema

a) La postura de la Corte. Casos sobre automóviles. De «Fabro» a «Fernández Prie-
to». Otros casos más recientes ya examinados. Remisión

b) Algunos criterios anteriores de la Cámara Nacional de Casación Penal. La línea de
los casos «Kolek» y «Longarini»
1. «Kolek»
2. «Longarini»
c) Otro enfoque (más garantista) de la Cámara de Casación: los casos «H. M. A.» y
«Leguizamón»

d) Casos de cofres cerrados, cartas privadas, encomiendas y conversaciones telefó-
nicas. Casos de correo electrónico y acceso a cuentas de Facebook

1. Cofres cerrados
2. Cartas privadas
3. Encomiendas postales
4. «Notitia criminis» obtenida a partir de conversaciones telefónicas

5. «Violación de «e-mails» y otras variantes tecnológicas. Mensajes, fotos y fil-
maciones contenidas en «teléfonos inteligentes». Remisión

6. «Grabación de una manifestación efectuada por un particular. El caso «Skans-
ka»

e) Desarrollo de una teoría. La razonable expectativa de privacidad
f) Un reconocimiento legal importante: el art. 230 «bis» del CPPN. Remisión
CAPÍTULO VIII
EL DERECHO A LA PRIVACIDAD
DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
§ 51. Raigambre constitucional del derecho de la privacidad

§ 52. Reconocimiento por parte de los tribunales del derecho a la privacidad de las comu-
nicaciones telefónicas

§ 53. Reglamentación y funcionamiento de esta garantía

a) La orden judicial y los casos de orden de un fiscal. Pedidos de obtención de regis-
tros de comunicaciones. Mensajes, fotos y filmaciones en «teléfonos inteligen-
tes». Necesidad de orden judicial

b) La exigencia del «auto fundado»
1. Criterios jurisprudenciales
2. Conclusiones a partir de estos casos
c) La justificación subyacente de la orden
1. Criterios generales
2. El caso «Quaranta» (primera parte)
3. «Villalba»
4. «L. C. A. y otros»
5. Conclusión
d) Un reexamen de la cuestión a la luz de «Quaranta» (segunda parte)

e) Casos posteriores a «Quaranta»: El errado criterio del «convencimiento» («Sil-
va») y un regreso a criterios más permisivos («Frades»)

§ 54. Duración y renovación de una intervención
§ 55. Los descubrimientos casuales
§ 56. El sujeto pasible de la intervención
§ 57. Grabaciones de conversaciones de un empleado
CAPÍTULO IX
DECLARACIÓN CONTRA UNO MISMO
§ 58. Formulación constitucional
§ 59. La garantía en el ámbito judicial
a) Declaraciones bajo juramento
b) Identificación en rueda de presos e intimación a entregar documentación
c) Testigo que declara falsamente para no incriminarse
d) Exhortación al imputado a decir la verdad
e) No hacerle saber al imputado su derecho a negarse a declarar
f) No relevar al imputado de su juramento anterior como testigo
g) Utilización de firmas del imputado en actas judiciales sin alertarlo de su posible uso
§ 60. La ley del arrepentido: problemas constitucionales
a) Planteamiento de la cuestión

b) El esquema de la ley y algunos antecedentes de relevancia
c) El planteo de los imputados. Alcance y metodología del análisis que efectuaré

d) La cuestión de la «pena en expectativa» y su influencia en los regímenes genera-
les de excarcelación y exención de prisión

1. El plenario «Díaz Bessone» y la relevancia de la pena en expectativa
2. El régimen adoptado por el Código Procesal Penal Federal según ley 27.063 y
el mantenimiento de los criterios de «peligro de fuga»

3. Examen de lo prescripto en la norma de la ley del arrepentido tachada de in-
constitucional

e) Respuestas de los jueces Barroetaveña y Petrone en favor de la constitucionali-
dad de la ley

f) La disidencia de la jueza Figueroa
g) Análisis de este criterio y algunas consideraciones adicionales
§ 61. La garantía en el ámbito extrajudicial
a) Las declaraciones policiales «espontáneas». Interpretación inicial
b) Criterios restrictivos de la garantía en examen: la era pre «Montenegro»
c) El caso «Montenegro»
d) Evolución posterior
e) La situación a la luz del Código Procesal Penal según ley 23.984
1. La solución en la norma procesal
2. Criterios de la Corte: las teorías del «dato» y del «debido proceso» del agente
fiscal

3. Criterios de tribunales inferiores: reafirmaciones de «Cabral» e incorporacio-
nes del testimonio de quien escuchó la confesión

III. Cámara de Casación Penal
III. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
4. Otros casos
5. Interrogantes varios
f) Buscando un equilibrio
g) Casos de «flagrancia»: la nueva normativa del art. 184, inc. 9o del CPPN
§ 62. Inspecciones corporales y otras medidas de «utilización» del imputado. Medidas
equivalentes sobre no imputados
a) Los casos relevantes
1. Extracción de sangre para dosaje alcohólico
2. Administración de enema
3. Extracción de sangre para estudio genético y de histocompatibilidad
III. La postura inicial de la Corte a favor de la validez de análisis compulsivos
III. Situación de mayores de edad no imputados y privilegio derivado de las
relaciones familiares: los criterios del caso «Vázquez Ferrá» en contra de
la validez
III. Un nuevo examen de la cuestión: el caso «Gualtieri Rugnone de Prieto»
III.1. El caso
III.2. Reflexiones sobre esta decisión y el caso «Gualtieri (2)»
IV. Algunas conclusiones sobre esta línea de casos
b) Más sobre la utilización del cuerpo de un imputado. Criterios y distinciones

c) Posibles criterios y soluciones
d) El desbloqueo forzado de un teléfono. Aplicación a este supuesto de los criterios
tradicionales
§ 63. Autoincriminación y secreto profesional
a) El anterior criterio de «Zambrana Daza»
b) El posterior caso «Baldivieso»
c) Afirmación de «Baldivieso» y su impacto en otros casos

d) Conclusiones y bases para una teoría. ¿Es el derecho a la confidencialidad un ab-
soluto?

CAPÍTULO X
EL DERECHO A CONTAR
CON UN ABOGADO DEFENSOR
§ 64. Principios generales
a) Rango constitucional del derecho
b) Autodefensa e imposición de abogado defensor
c) Obligatoriedad de proveer defensor ante los tribunales de Alzada
d) Defensor en la instancia extraordinaria
e) El punto de arranque
f) Actuaciones posteriores a la sentencia definitiva
§ 65. Funcionamiento de la garantía
a) Afirmación de la misma
1. Casos de defensores particulares separados de su cargo o que se les impidió
actuar
2. La garantía en procesos contravencionales
3. Restricciones durante el procedimiento
4. Casos complementarios
5. El defensor durante actos de la instrucción
6. Defensor «ad hoc» para la indagatoria. Nulidad
b) Limitaciones a la garantía
1. Civiles juzgados por tribunales militares
2. Defensor en sede policial. La situación en el Código Procesal Penal según ley
23.984

3. La incomunicación de los detenidos. La situación al amparo del anterior Có-
digo de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372)

c) La incomunicación en el Código Procesal Penal según ley 23.984 y el derecho a la
entrevista previa
d) La «incomunicación» en el Código Procesal Penal Federal (ley 27.063)
e) El requisito de la efectiva asistencia legal
1. El principio general
2. Casos de defensa inefectiva
3. Negligencia del abogado

4. Límite a los principios anteriores: errores en la elección de estrategias defen-
sivas

f) Divergencias entre abogado y cliente. ¿Qué voluntad prevalece?
g) Algunas conclusiones
h) Casos preocupantes
i) La notificación de la sentencia debe ser personal
CAPÍTULO XI
LA GARANTÍA CONTRA EL DOBLE JUZGAMIENTO
§ 66. Rango constitucional de la garantía
a) Primeros antecedentes: enunciación del principio general
b) Su invocación por vía de excepción de cosa juzgada
§ 67. Juzgamiento por un mismo hecho ante órganos judiciales y administrativos
§ 68. Doble juzgamiento y cosa juzgada
a) Casos de aplicación general
b) El caso «Videla» sobre sustracción de menores durante el régimen militar
1. Cosa juzgada y «non bis in idem» no son necesariamente lo mismo
2. Videla no fue investigado antes por estas concretas sustracciones de menores
3. El caso «Fernández de Kirchner»: consideraciones sobre los requisitos de
«identidad de persona» e «identidad de causa»
c) «Cosa juzgada» en los delitos de lesa humanidad: el importante caso «Mazzeo»
1. Antecedentes del caso
2. El fallo de la Corte que confirmó la inconstitucionalidad del decr. 1002/89.
Principales fundamentos
3. Disidencias de los jueces Fayt y Argibay
4. Conclusión
§ 69. Doble juzgamiento, cosa juzgada y derogación de tipos penales
§ 70. Juzgamiento por separado de un único hecho. Diferencia con casos de concurso real
a) Imposibilidad de dividir los juzgamientos
b) Sobreseimiento que beneficia a un imputado
c) Sobreseimiento que no beneficia a otros imputados
d) Hechos alegadamente sucesivos que concurren realmente. Separación de juicios
y «non bis in idem»

§ 71. Reincidencia y prohibición de otorgar la libertad condicional. Agravamiento de pe-
na por delitos anteriores

§ 72. Nulidades y doble juzgamiento
a) Introducción
b) El caso «Weissbrod»
c) Límites a las potestades anulatorias. El caso «Mattei» y desarrollo de una teoría
d) El caso «Polak» y las nulidades decretadas al final del juicio. Casos posteriores
e) Otros casos resueltos por la Corte: dificultades para encontrar criterios uniformes
f) Reflexiones finales
§ 73. Desarrollos complementarios
a) Querellas sucesivas por el mismo hecho
b) Nulidad que afecta un sobreseimiento firme
CAPÍTULO XII
EXCARCELACIÓN Y EXIMICIÓN DE PRISIÓN
§ 74. El criterio inicial
§ 75. La «raigambre constitucional» de estos institutos
§ 76. Evolución posterior
§ 77. Desarrollos más recientes
a) El requisito de la sentencia definitiva
b) El rango federal. ¿También en cabeza del Ministerio Público?
c) ¿Qué les está vedado a los tribunales inferiores?

1. Invocaciones genéricas de que se intentará eludir la acción de la justicia. La si-
tuación especial de los ya condenados por un Tribunal Oral

2. Menciones genéricas sobre capacidad económica o conexiones internacio-
nales

3. Apreciaciones anticipadas acerca de la eventual pena a imponer
4. No tratar agravios sobre la libertad por el rótulo con que se deducen
5. Fijación de cauciones excesivas
d) Pautas de otros casos
1. El caso «Stancato»
2. Análisis de este criterio
3. «Stancato» vs. «Gotelli»
4. Otros casos
e) Conclusiones
§ 78. Delitos inexcarcelables. Invalidez de su consagración legislativa
§ 79. El transcurso del tiempo y el Pacto de San José de Costa Rica
a) Criterios generales
b) La sanción de la ley 24.390 sobre plazos de duración de la prisión preventiva
1. Los plazos de la ley no son de aplicación automática y sostener lo contrario
comporta gravedad institucional
2. La decisión de no aplicar la ley 24.390 debe ser fundada
3. Reconsideración de estos principios en casos de lesa humanidad
II. El caso «Guerrieri»
II. El caso «Acosta». Casos posteriores de la Cámara Federal de Casación Penal
— Algunas conclusiones
4. Es lícita la exclusión de ciertos delitos de los beneficios de la ley 24.390
§ 80. Criterios restrictivos del pasado

§ 81. Presunciones «juris et de jure» y peligro de fuga. Cómo terminó resolviéndose la cues-
tión

a) Introducción
b) Principios dominantes
1. La raíz constitucional
2. El peligro de fuga y el esquema tradicional
II. El peligro de fuga presumido a partir de la escala penal
II. Presunción «juris et de jure»
c) La reacción de «Bárbara» y «Macchieraldo»
d) Desarrollos posteriores
e) El plenario «Díaz Bessone» de la Cámara de Casación Penal
1. El criterio de los votos minoritarios
2. Algunos aspectos de los votos mayoritarios
III. ¿Quién tiene la carga de demostrar el peligro de fuga u obstaculización
de la investigación?

III. ¿Qué entidad, como indicio de fuga, tiene el monto de la pena amenaza-
da? ¿Y la prueba reunida?

III. Gravedad del hecho, etapa procesal y «peligrosidad»
IV. Arraigo del imputado
3. Síntesis
f) La afirmación de los criterios de «Díaz Bessone» por la Corte
g) La incidencia de una condena luego del juicio oral
h) Amenazas a testigos: el caso «Milagro Sala». Necesidad de debida fundamentación
§ 82. La normativa vigente según el Código Procesal Penal Federal
CAPÍTULO XIII
OTRAS DERIVACIONES DEL DERECHO DE DEFENSA
§ 83. Presunción de inocencia
a) El principio general

b) Desarrollos posteriores. La invocación del principio «in dubio pro reo». Proble-
mas que plantea

c) Limitaciones y principios complementarios
§ 84. El derecho a un pronunciamiento penal rápido
a) El principio general y los casos sobre nulidades
1. El caso «Mattei»
2. Otros casos sobre nulidades
3. El caso «Mozzatti» y un remedio extremo
4. Casos complementarios
b) La prescripción como vía para obtener un pronunciamiento rápido y el recaudo
de sentencia definitiva
c) Limitaciones a los principios precedentes. Nulidades por vicios esenciales
d) Crítica de los criterios precedentes

e) Violación a la garantía ante un sumario excesivamente prolongado. Últimos cri-
terios del Alto Tribunal

f) Expansión de la garantía. Su utilización en procesos no penales
EPÍLOGO

INDICE DE FALLOS
BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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04 jun. 2017